Rafaela una niña de tan solo 7 años fue víctima de maltrato institucional, hostigamiento académico y bullying en la escuela a la que asistía en diciembre del año anterior.

La niña sufrió un accidente en su aula y tuvo una fractura (cúbito y radio) en su brazo derecho, no le ofrecieron atención médica inmediata, de hecho llegó a su casa tan solo con una venda y una crema y para su “mala suerte” gracias a su accidente evidenció que su maestra había faltado ese día a clases pues las niñas se encontraban solas sin supervisión alguna, cuando sucedió el accidente.

De ahí para adelante su vida se transformó en un infierno, la docente “le cogió el diente” impidió que sus compañeras le ayuden a tomar apuntes, la obligó a escribir con su brazo roto y se negó a tomarle exámenes orales, sin considerar el trato humillante que le daba al interior del aula y fuera de esta.

Gracias a este ejemplo negativo sus compañeras empezaron a excluirla, a burlarse de ella y qué decir de los padres de familia, quienes no dudaron en respaldar el comportamiento de la docente y por supuesto reafirmar el de sus hijas.

Los padres de Rafaela denunciaron el hecho ante la Fiscalía y a la par acudieron al Distrito quienes recomendaron al colegio, de forma verbal, cambien de funciones a la maestra, recomendación que se cumplió al pie de la letra, la docente fue premiada y ascendida a inspectora del plantel.

Rafaela a fuerza de ser humillada, vejada y maltratada por su maestra presentó un cuadro psicológico y psiquiátrico muy grave por lo que tuvo que ser medicada y estar en tratamiento constante.

Con apoyo de Grupo Rescate Escolar, el caso fue puesto en conocimiento de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos, este organismo falló a favor de la niña sancionando y multando al colegio por maltrato institucional. La maestra fue condicionada a seguir un tratamiento psicológico como requisito indispensable para continuar ejerciendo la docencia -prefirió jubilarse a seguirlo- al tiempo que fue multada y sancionada por maltrato psicológico.

La rectora del colegio fue también sancionada y multada por su inacción, al igual que los padres de familia del grado de Rafaela, quienes recibieron un llamado de atención por haber firmado una carta de respaldo a la docente.

La Resolución de la Junta de Protección de Derechos fue apelada por el colegio pero la Jueza que conoció la causa negó la apelación, ratificando la Resolución emitida por la Junta de Protección de Derechos.

Ha pasado un año desde que la denuncia fue puesta también en Fiscalía, y pese a contar con pruebas suficientes, el Fiscal no encontró méritos para emitir un dictamen acusatorio y ha decidido archivar la denuncia.

Las características de la violencia en las instituciones educativas exigen procedimientos especiales para la denuncia, investigación y proceso judicial, es inadmisible que la protección judicial, vista como la segunda línea de defensa para la erradicación de la violencia en contra de nuestras niñas, niños y adolescentes quede subordinada a patrones socioculturales discriminatorios que descalifican a las víctimas y a sus familias -tachándolos de exagerados o mentirosos- y que siempre exigen mecanismos de corroboración, por encima del testimonio de las víctimas, para impulsar la investigación.

De algo debe servir la Resolución emitida por la Junta de Protección de Derechos, quienes basaron su decisión en pruebas tangibles. No cabe duda que el conflicto entre las normas administrativas y penales dificulta la sanción de los hechos investigados.

¡PROTESTAMOS Y EXIGIMOS QUE FISCALÍA REVEA SU DECISIÓN! Leer más.